Fábricas contaminantes fuera del Picarral

Las primeras edificaciones construidas en el barrio del Picarral datan de mediados de los años 50, construidas para alojar a la población que migra a Zaragoza proveniente de áreas rurales para trabajar en la creciente industria. El Picarral fue, por tanto, un barrio obrero desde sus inicios, y debido a la escasa regulación urbanística de la época, las viviendas se entremezclaban con las numerosas fábricas en las que trabajaban los vecinos. Había talleres textiles y metalúrgicos, fábricas de papel, plantas de procesamiento agrario, y en general una gran actividad industrial que generaba grandes problemas de contaminación e insalubridad.

Los problemas que aquejaban al barrio en los 60 y 70 eran numerosos: ausencia de alumbrado público, calles sin asfaltar, inexistencia de transporte público, carencia de equipamientos sanitarios, educativos o culturales… y los vecinos comenzaron a unirse para reivindicar mejoras puntuales en sus condiciones de vida, naciendo así un importante movimiento vecinal que después dio origen a las actuales asociaciones de vecinos, tales como la Asociación Vecinal Picarral Salvador Allende, fundada en el año 1969.

Uno de los primeros objetivos de la Asociación fue abordar los problemas de convivencia con las grandes empresas del barrio, entre las cuales estaban Saica (fabricante de papel), Rico Echeverría (planta siderúrgica) o Campo Ebro (fabricante de almidón y glucosas). En estos momentos vivían unas 20.000 personas en el barrio, y la mayoría debía mantener cerradas las ventanas de sus casas para evitar los ruidos, olores, polvos y pajas que diseminaban las factorías colindantes. En ocasiones era imposible evitar que los humos invadiesen las viviendas. Como solución a esta situación, solo cabían la reconversión paulatina de la industria en otra no contaminante o su traslado a otras zonas alejadas de las áreas habitadas, pero ambas opciones iban a ser rechazadas por los propietarios de los suelos industriales, reacios a marcharse aduciendo la falta de rentabilidad de la operación. Y los que se planteaban hacerlo, pretendían compensar la falta de productividad de sus industrias mediante la especulación con el suelo.

La lucha del barrio contra las fábricas y la contaminación e insalubridad que producían fue muy difícil durante la década de los 70, cuando no había cauces de participación ciudadana y el autoritarismo político impedía convocar a los vecinos, que no podían tener voz o voto en los asuntos que les afectaban. Los miembros del movimiento vecinal eran vigilados por la policía, y había detenidos en las manifestaciones acusados de alterar el orden público. Los años de democracia, sin embargo, no fueron mucho mejores para la causa vecinal contra la contaminación de las industrias, pues no fue hasta la década de los 2000 que consiguieron desplazar a la fábrica de almidón y glucosas Campo Ebro, el mayor generador de contaminación del barrio.

Solucionar este problema fue un caso paradigmático de los desvelos de los vecinos contra el urbanismo especulativo y salvaje. La fábrica se había instalado en 1964, cerca de la antigua carretera de Huesca, en los terrenos que actualmente corresponden a los números 76 y 78 de la calle Salvador Allende y 181 de San Juan de la Peña. Por entonces, la fábrica era poco más que unos barracones en los que se molía maíz, y el mayor problema que ocasionaba eran las enormes ratas que campaban a sus anchas alimentadas en los silos.

La actividad de la fábrica creció y con ello los ruidos y olores, e incluso termina construyendo nuevas instalaciones en terrenos calificados como de zonas residenciales, y a finales de los años 70 es una gran factoría de transformación de grano en productos industriales como almidones y glucosas. Los olores, polvos, ruidos y vapores contaminantes se juntan a las ratas, y su superficie se iba extendiendo en terrenos en los que faltaban guarderías y colegios que, de hecho, ya habían estado proyectados por el Ayuntamiento, que en ningún momento impidió la expansión de la fábrica.

En 1977, legalizados casi todos los sindicatos obreros y partidos políticos, miembros del movimiento vecinal comenzaron a reunirse con trabajadores municipales que les explicaban voluntariamente el funcionamiento del Ayuntamiento, de forma que pudieran hacer incidencia política para conseguir el traslado de Campo Ebro. Así, las primeras denuncias contra Campo Ebro se remontan a mediados de los 70, y tras la presión vecinal, el Ayuntamiento realiza una inspección de la Dirección Técnica de Servicios Industriales, que negó la existencia de las molestias denunciadas.

Después de muchas denuncias y recursos ante los tribunales de justicia, el Ayuntamiento autorizó nuevas obras de ampliación de Campo Ebro, pero esta vez supeditándolas al interés público, con una resolución que decía “cuando por motivos de interés público lo estime oportuno el Ayuntamiento, las obras calificadas como fuera de ordenación deberán demolerse con carácter inmediato a requerimiento del ayuntamiento sin derecho a indemnización alguna”. Sin embargo, numerosos grupos de viviendas estaban construidos con anterioridad a que la empresa ampliase sus instalaciones, y puesto que Campo Ebro trabajaba en tres turnos, producía olores y ruidos por el día y por la noche, así como sustancias nocivas y peligrosas afectando a diario a unas 12.000 personas, tal y como por fin informó la Sección de Servicios Industriales del Ayuntamiento de Zaragoza.

En este momento, la Asociación Vecinal del Picarral obtuvo los datos de la memoria que Campo Ebro había presentado al ayuntamiento para legalizar la ampliación de la fábrica a principios de los 70, en la que la compañía aseguraba que la ampliación era compatible con una coexistencia pacífica con los vecinos. La asociación cruza los datos de la memoria con los obtenidos en diversas inspecciones a la fábrica y alrededores, y aporta una encuesta realizada entre los vecinos que viven en sus inmediaciones, desmontando los argumentos de la empresa. A su vez, en julio de 1976, el Instituto Municipal de Higiene de Zaragoza da cuenta del grado de contaminación en distintos puntos de la ciudad, destacando como zona más contaminada la zona próxima a Campo Ebro. Se comienza a hablar entonces de un problema de salud pública: el polvo, ruido, olores, aguas contaminadas, plagas de ratas e insectos, multiplican los riesgos de enfermedades respiratorias, digestivas o nerviosas, disparando a su vez el índice de alergias. Incluso un informe médico sugería a una niña con bronquitis el cierre de la fábrica antes que el tratamiento con pastillas.

Los vecinos convocan manifestaciones, en ocasiones sin obtener el permiso de Gobernación Civil, y cientos de personas recorren las calles con pancartas. Tras numerosas protestas y presión en el ayuntamiento, cortando la calle durante veinte minutos con grupos de vecinos espontáneos, ocurre un aparatoso incendio en otra fábrica del barrio en 1978. Los vecinos deciden manifestarse intensamente contra las empresas peligrosas. Algunas empresas comienzan a realizar acuerdos con la Asociación Vecinal del Picarral, para trasladarse a las afueras de la ciudad si ellos aceptaban la ampliación de la urbanización en su antiguo suelo. En el caso de Campo Ebro, sin embargo, la empresa propone desarrollar medidas anticontaminantes a cambio de recalificar algunos suelos a su alrededor, que compraría, y ofrecería a su vez una parcela para levantar el colegio. Además, la empresa amenazaba con que su traslado supondría su implantación fuera de Aragón.

Los vecinos del Picarral contaban con el apoyo de numerosos trabajadores de la fábrica, que les acompañaban en las numerosas protestas realizadas en los plenos del Ayuntamiento, siendo a menudo desalojados aparatosamente y apareciendo en la prensa transmitiendo presión al alcalde mediante acusaciones de no facilitar cauces de participación a los ciudadanos. Aunque algunos medios de comunicación criticaban a los miembros de la asociación, numerosas asociaciones vecinales de otros barrios se pronunciaban públicamente en solidaridad defendiendo su lucha y su libertad de expresión.

Las numerosas denuncias, juicios, protestas formales, manifestaciones y reuniones se prolongaban más de una década, pero la polución seguía creciendo, y a mediados de los 80 el sol apenas lucía en el barrio por las densas nieblas y humos generados por las fábricas. Llegados a este punto, era patente la legitimidad de las denuncias de los vecinos. Una gran explosión en otra de las fábricas del barrio enfureció a los vecinos y precipitó grandes manifestaciones, pegas de carteles, caravanas de coches por el centro de la ciudad y protestas ante el Ayuntamiento, que ocurrían semanalmente. Otros colectivos de otros barrios comenzaron a unirse a las manifestaciones, e incluso periódicos nacionales comienzan a hacerse eco de ellas, como El País en la Nochebuena de 1985.

El Ayuntamiento de Zgz prometió entonces mejorar la situación pidiendo la declaración del Picarral como zona contaminada ante el Consejo de Ministros nacional, y los vecinos exigieron nuevos estudios sobre el impacto de la contaminación en el barrio, formando una Comisión del Medio Ambiente junto a otras asociaciones de vecinos de otros barrios de la ciudad. Invitaron al alcalde a visitar el barrio y para que observase los problemas existentes, y le plantearon la posibilidad de exhibir pancartas en la transmisión de la Vuelta Ciclista a España de 1986.

Tras años de luchas, se consigue en 2001 a través de la oposición en el Ayuntamiento que se realice un estudio que analice los problemas acústicos y ambientales que ocasionaban las empresas y el tráfico en el barrio. El estudio, realizado por el Instituto Tecnológico de Aragón, fue junto a un convenio que el Ayuntamiento firmó con el ITA mediante el cual el ITA elaboraría un plan corrector medioambiental que las empresas deberían cumplir. El estudio, que no solo era un análisis sino también un documento de propuestas de mejora, contó con la colaboración de numerosos vecinos del barrio, que conocieron y participaron en el estudio en todas sus fases. A su vez, el Servicio Aragonés de Salud se comprometió a estudiar a través del centro de salud del barrio la incidencia de enfermedades respiratorias entre habitantes del barrio y compararlos con la población general. Se produjo entonces un gran escape de humos en Aceralia, otra empresa, y más de una decena de vecinos tuvieron que ser atendidos en centros hospitalarios por problemas respiratorios.

Finalmente, no se consiguió desplazar a Campo Ebro, pero la coordinación del movimiento vecinal con el ITA y el Servicio de Salud permitieron que, tras evidenciar que las empresas debían reducir olores y ruidos, se obligase a las principales factorías a asumir los costes de necesarios para conseguirlo. Fue también el caso de Campo Ebro, y en total, varias empresas invirtieron en los 5 años siguientes más de 53 millones de euros para cumplir esos objetivos, instalando pantallas acústicas en el perímetro de las factorías y en zonas concretas del proceso productivo, silenciando válvulas de seguridad y los procesos de carga y descarga, sustituyendo los reactores y cerrando los puntos críticos que emitían malos olores… En 2008, el impacto de olores, ruidos y partículas en suspensión se había reducido en un 95% con respecto a niveles de 2002.