Transporte adaptado a sillas de ruedas en Zaragoza

En Aragón, la proporción de personas afectadas por algún tipo de discapacidad física en 2022 es aproximadamente el 9%, y es por ello que la labor de la Fundación DFA, constituida en 1976 para ofrecer respuestas a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, es imprescindible en una sociedad que quiere ser justa e inclusiva. La inclusión social y laboral, la accesibilidad universal, los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad física han sido metas históricas de la Fundación, y aunque todavía queda largo camino por recorrer, son muchos los logros que ha conseguido en estas áreas.

Una de sus primeras reivindicaciones fue la adaptación del transporte público, que en Zaragoza no se consiguió hasta 1987, suponiendo una gran limitación para el desplazamiento de las personas con discapacidad física. Esta imposibilidad de desplazamiento era particularmente grave para el colectivo, pues afectaba enormemente su posibilidad de asistir a la universidad, acceder a puestos de trabajo, o a disfrutar de zonas verdes de la ciudad. Tras varios años de reivindicaciones fracasadas ante el Ayuntamiento de Zaragoza por un transporte público adaptado, la Fundación DFA decidió, ya entrados los años 80, establecer colaboraciones con entidades sociales como Cáritas o Cruz roja y privadas, como la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI). Tras varios años de reuniones, propuestas y negociaciones, se consiguió en 1984 que la CAI financiase el primer transporte público adaptado a personas con discapacidad física: un microbús gestionado por Cáritas y Cruz Roja con el que se intenta solventar las carencias de la red de transporte de Zaragoza. Sin embargo, un solo microbús era insuficiente, y en la primavera de 1985 DFA se movilizó robustamente contra el Ayuntamiento por no adaptar el transporte público.

Tras un año de conversaciones sin éxito con el concejal de Transportes y la concejala de Bienestar Social sobre la problemática del transporte público, DFA convocó una rueda de prensa en la que planteó claramente sus demandas, ante las que el Alcalde respondió que el Ayuntamiento no era un servicio de beneficencia, que el servicio solicitado era muy caro y que el que quisiese un servicio aparte, simplemente debía pagarlo. La respuesta de DFA no se hizo esperar, y convocó a todo el colectivo a ejercer el derecho que debería tener toda la ciudadanía, sin excepción: el de usar transporte colectivo público.
Se realizó entonces, en la primavera de 1985, una gran manifestación en las que cientos de personas con discapacidad realizaban el trayecto plaza Aragón – plaza de España en autobús público, colapsando así la entrada de los autobuses de forma que no pudieran subir más personas. Cada subida y bajada del autobús costaba un cuarto de hora. Con dos megáfonos (uno en cada plaza) manifestantes explicaban al público lo que estaban haciendo y pedían disculpas por las molestias.

La manifestación tuvo un gran éxito mediático, teniendo repercusión en todos los medios radiofónicos y escritos de la prensa local e incluso en Televisión Española, que filmó la reivindicación. Esto propició que el Ayuntamiento terminase por apoyar las demandas de DFA tras un estudio de los costos. La regulación oficial de la adaptación del transporte público, en la que participó la Fundación, se produjo finalmente en diciembre de 1987. En la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza se acordó “establecer el servicio urbano de transporte accesible a personas minusválidas [término inapropiado para referirse al colectivo de personas con discapacidad física] mediante microbuses adaptados al uso por éstas con sillas de ruedas”.