Se paralizó la construcción de Gran Scala

El proyecto de construcción de Gran Scala, una Ciudad del Juego, fue presentado en diciembre del 2007 como una oportunidad histórica para Aragón. Los promotores IDL y el Gobierno de Aragón acordaron realizar un proyecto de enormes dimensiones que contemplaba 32 casinos, 72 hoteles, 200 restaurantes, 5 parques temáticos, grandes lagos artificiales con orcas, delfines y restaurantes subacuáticos, plaza de toros y campos de golf. Gran Scala sería el área de ocio y juego más grande del mundo tras el complejo de Las Vegas estadounidense.

Este proyecto faraónico, que habría redefinido el papel de Aragón como epicentro del juego en España y el Sur de Europa, iba a realizarse en el desierto de los Monegros, en los entornos de la pequeña localidad oscense de Ontiñena, de apenas 530 habitantes. La idea de los impulsores era invertir 17.000 millones de euros y la compra de 1.100 hectáreas en las que edificar toda la infraestructura antes mencionada con la aquiescencia del Gobierno de Aragón.

El 12 de diciembre de 2007, la sede del Gobierno de Aragón acogió la firma de un compromiso que se aseguró firme entre el Ejecutivo aragonés y la empresa International Leisure Development (ILD), con capital social compartido por dos empresas alojadas en sendos paraísos fiscales: la luxemburguesa BM Parts y la chipriota Darlen Ltd. Así, se contempló la puesta en marcha de nuevas autovías y autopistas, un aeropuerto y el aprovechamiento de la Alta Velocidad.

Las obras se iban a empezar a acometer en 2008, el año de la Expo de Zaragoza, y finalizarían en 2014. Se anunciaba que Gran Scala iba a generar 2 millones de empleos solo en el sector de la construcción y más de 60.000 desde su puesta en funcionamiento, y para armonizar el aterrizaje de este gigante se aprobó una ley específica en las Cortes de Aragón en 2009 sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad, que se mantiene vigente. Gobierno y promotores hablaban de la futura ciudad Gran Scala como el segundo núcleo de Aragón, con un horizonte final de 100.000 habitantes, sin aclarar cómo se pensaba construir esa nueva y enorme ciudad en plenos Monegros, sin conocer el modelo de planificación de ordenación del territorio y de urbanismo que evitarían repetir los errores que lastran el desarrollo y la calidad de vida en Zaragoza, importando el estilo norteamericano de Las Vegas sin atender a la realidad aragonesa.

Desde sus inicios, el proyecto recibió fuertes críticas por algunos sectores de la sociedad y aparecieron de oposición entre los cuales destacó la Plataforma Stop Gran Scala y la coordinadora Los Monegros no se Venden.

Aunque los promotores aseguraban que las garantías medioambientales eran una condición sine qua non para el desarrollo del complejo y que contarían con expertos en materia de reciclaje del agua, sistemas de riego eficientes y preservación de suelo, muchos grupos ecologistas y medioambientalistas, entre los que destacaron Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y la Fundación Ecología y Desarrollo, mostraron fundamentadas dudas al respecto. Entre otros aspectos, destacaban el elevado consumo de carburante que implicaría, ya sea en forma de combustible para automoción o para aviones, el desplazamiento de los millones de personas que publicitaban los promotores. Este consumo, además de redundar en un agotamiento de recursos fósiles finitos y agravar la crisis económica que estaba provocando su carestía, contaminaría la atmósfera con millones de toneladas de CO2, afirmaban. Asimismo, señalaban la severa afección implícita en el desarrollo de una ciudad de tamaño mediano con sus desarrollos urbanísticos consustanciales en plena estepa de alto valor ambiental.

Los grupos ecologistas señalaban que la sostenibilidad no equivale a usar duchas, grifos o WC ahorradores si lo que se pretende es extender decenas de miles de metros cuadrados de lagos artificiales, miles de hectáreas de césped, exóticos jardines y cientos de ostentosas fuentes en medio de un paisaje estepario de gran valor, reconocido con varias figuras de protección.

Los diferentes colectivos que se coordinaron bajo la plataforma ciudadana Stop Gran Scala denunciaron de forma constante, a través de movilizaciones, prensa y concentraciones en espacios públicos que el proyecto era legal, social y ecológicamente insostenible y que debía ser paralizado. Esta presión favoreció la mirada crítica de la ciudadanía, mucha de la cual se oponía a que se jugase de forma tan irreflexiva con el dinero de todos para amparar y favorecer negocios privados de corte especulativo, lejanos al verdadero interés general de la sociedad aragonesa.

De hecho, el Gobierno de Aragón había adelantado ya su compromiso de construir 150 kilómetros de autovía (entre 4 y 14 millones de euros por km), una estación especial del AVE, inversiones en aeropuertos, infraestructura eléctrica y obras hidráulicas para garantizar veinte millones de metros cúbicos de agua al año. En definitiva, a los aragoneses les tocaría poner a fondo perdido un número indeterminado de miles de millones de euros del dinero de todos comprometiendo además valiosos y frágiles entornos ecológicos.

Al final Gran Scala resultó ser lo que parecía: un inmenso pufo basado en que las instituciones hicieran una ley a medida, regalasen suelos, construyeran infraestructuras y de paso pusieran un dinerito nada desdeñable. Fue gracias a las plataformas ciudadanas y ecologistas que no se destruyese el patrimonio natural de Aragón por un proyecto faraónico fantasma cuyos responsables institucionales nunca rindieron cuentas.