La Quinta Julieta y la comunidad gitana de Zaragoza

La comunidad gitana en Aragón ha sufrido históricamente el rechazo de una parte importante de la sociedad aragonesa, y conseguir la inclusión manteniendo al mismo tiempo los rasgos diferenciales propios de su cultura ha supuesto un largo recorrido todavía inacabado.

Un momento clave en este proceso se vivió en el barrio de Torrero a principios de los años 80, cuando en el marco de un plan piloto de erradicación del chabolismo en Zaragoza se construyó el poblado de la Quinta Julieta, que entonces estaba en la periferia de la ciudad. El proyecto, que se aprobó como parte de un convenio entre diversas instituciones públicas (Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento y Diputación Provincial) y entidades sociales (Arzobispado Cáritas y la Asociación para la Promoción Gitana), pretendía acabar con la infravivienda que padecía la comunidad gitana a través de la construcción de un núcleo poblacional donde se concentraría a las familias que vivían en el asentamiento chabolístico de La Gravera, en el barrio de La Paz.

En 1982 llegaron 200 familias al poblado recién construido a las afueras de la ciudad, y aunque el objetivo era garantizar su acceso a una vivienda digna, finalmente se comprobó que un complejo de nueva construcción en la periferia de Zaragoza no facilitó la inclusión y la promoción de derechos de la comunidad gitana.

La pobreza, exclusión y falta de acceso al trabajo de los habitantes de la Quinta Julieta derivaron en problemas de delincuencia que estigmatizaron todavía más a la comunidad gitana. A su vez, se desarrolló una elevada tasa de tráfico y consumo de heroína, que comenzó a generar estragos en las familias. Mientras la situación emmpeoraba, en 1984 se trató de impulsar desde el Ayuntamiento otra actuación de erradicación del chabolismo, que en este caso trasladaría a familias gitanas del barrio de La Jota a nuevas viviendas construídas en el barrio del Áctur, que estaba en los inicios de su desarrollo. En este nuevo barrio había numerosas viviendas en construcción ya vendidas y que se habían prometido como lugar idílico para vivir, y numerosos vecinos de Zaragoza que habían comprado ya sus viviendas (por ejemplo en el edificio Kasán) se opusieron fervientemente al traslado de las familias gitanas, alegando que venían de un foco de conflictividad y que lo único que hacía el Ayuntamiento era llevar un problema de un lugar a otro.

Hubo fuertes enfrentamientos entre la policía y los vecinos que se oponían a la llegada de las familias gitanas, y las violentas imágenes llegaban a la televisión y causaban un ambiente de crispación en la ciudad. Muchas personas en Zaragoza se sentían avergonzadas por el racismo manifestado por sus vecinos, que llegaron a conseguir paralizar el traslado. Mientras tanto, los habitantes de la Quinta Julieta resentían la segregación, la señalación y humillación sentida por el constante rechazo mostrado por la sociedad.

En ese momento, las familias residentes en el poblado eligieron a la primera presidenta de la Asociación Gitana de Zaragoza, Pilar Clavería Mendoza, también conocida como la Rona. Al ser elegida presidenta de la Asociación, solicitó al alcalde de Zaragoza una solución urgente a la situación de la Quinta Julieta. El planteamiento de la Asociación era claro: reivindicaba el derecho de cada familia gitana a elegir dónde vivir, y el traslado grupal y forzoso a cualquier nueva localización sería rechazado.

Esta postura fue enérgicamente secundada por asociaciones vecinales de Zaragoza, por parte del equipo del Ayuntamiento y por algunos ciudadanos y ciudadanas que llevaban años de compromiso con los derechos y la inclusión de las familias gitanas. Las reivindicaciones para una reubicación justa, digna y sin humillaciones o segregaciones se materializó en escritos a la prensa, numerosas reuniones con el Ayuntamiento y actos de solidaridad en los propios barrios.

Esta confluencia de actores sociales tenía, tras las experiencias de la Quinta Julieta y del Áctur, sólidos argumentos para defender sus posturas, y consiguieron finalmente que el Ayuntamiento accediese a facilitar mediante ayudas económicas que cada familia gitana decidiese de forma autónoma y libre su lugar de residencia.